En las últimas horas se conocieron novedades judiciales en torno a la causa penal que investiga denuncias por contaminación en el arroyo Tapalqué en Olavarría.
Martín Acosta, el autor de la denuncia inicial, dio a conocer que el expediente cambió de Fiscalía: “ya no tramita más en la UFI 10 de Olavarría. A solicitud de ésta fiscalía pasó a la UFI de Delitos Especiales a cargo del doctor Ignacio Calonje” de Azul.
“A casi 4 años de la denuncia entendió el fiscal de la UFI 10 que debía ser otra la fiscalía que investigue e impulse la misma por encontrarse funcionarios públicos involucrados en delito ambiental. Mientras tanto la contaminación continúa y los vecinos seguimos expuestos a enfermedades. Pronto evaluaremos qué actitud toma la nueva fiscalía, nos daremos cuenta si tiene o no interés en impartir justicia” advirtió Acosta en contacto con Central de Noticias.
La UFI Nº 10 elevó el pedido el pasado 25 de marzo al Fiscal General Departamental, Marcelo Sobrino. Solicitó la “reasignación” de la investigación penal a la Unidad Funcional de Investigaciones Especiales y Violencia Institucional, a cargo de Calonje.
Argumentó el pedido “en la Resolución dictada por esa Fiscalía General con fecha 28 de diciembre de 2018” que determina que se destine a la UFI E a “todas aquellas causas que involucren a funcionarios públicos o por trascendencia institucional sea conveniente su asignación”. Se indicó que en el trámite de la causa “las actuaciones de referencia revisten una innegable complejidad investigativa y, fundamentalmente, poseen una enorme trascendencia jurídica y social. La naturaleza de los hechos que aquí se investigan y el impacto que los mismos tienen en nuestra comunidad encuadran a la perfección en el supuesto de `trascendencia institucional` previsto en la reglamentación citada”.
Se añadió que se ve en las averiguaciones “la multiplicidad de actores involucrados en las presentes actuaciones, muchos de los cuales pertenecen a la esfera estatal o se vinculan directamente con ella a través de la prestación de servicios públicos. La concurrencia de estas agencias del Estado y concesionarios en la trama fáctica investigada exige un abordaje altamente especializado”.
Finalmente, la UFI Nº 10 declaró que “el abordaje propuesto por el Ministerio Público Fiscal en las causas que implican el cuidado del medio ambiente conlleva una ineludible propensión hacia la búsqueda de soluciones integrales que garanticen el saneamiento de las prácticas o que mejoren el estado de situación del ecosistema afectado. Ese fue el camino que se ha comenzado a recorrer en la presente causa”. Agregó que para ello se “requiere de un seguimiento exhaustivo y continuo del cumplimiento de las pautas acordadas; un nivel de monitoreo constante que excede holgadamente la capacidad de respuesta y los recursos limitados de una Unidad Funcional de Instrucción de trámite común”.
El pedido fue respondido de forma positiva: “por las características del hecho que se investiga, la intervención de organismos estatales y su trascendencia” la Fiscalía General Departamental avaló el encuadramiento en la Resolución de 2018 con lo que el expediente pasó a la UFI E de Azul.
Cabe recordar que la causa comenzó en 2022. Sumó denuncias por contaminación al arroyo Tapalqué a través de fluidos sin tratamiento emitidos desde el Relleno Sanitario municipal, la planta de tratamiento de líquidos cloacales y las Unidades Penales de Sierra Chica.
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